Del “impuesto revolucionario” de Podemos

El debate en torno a los salarios y prebendas que han de cobrar quienes se dedican a la política resurgió con fuerza con la llegada de Podemos a las instituciones, que propuso que sus cargos no cobrasen más de tres veces el SMI. Ha sido un elemento de debate desde antes de entrar en el Parlamento Europeo por mayo de 2014, cuando iniciáramos nuestra participación institucional.

Los partidos tradicionales han replicado, en defensa de los privilegios del viejo establishment político, que un político tiene que cobrar dignamente o directamente se ha tratado la propuesta de limitación de salarios de demagógica e imposible. 

 Consideremos algunos elementos para el debate.

Se pueden tener sueldos dignos sin privilegios. Es una cuestión de dignidad y justicia social que hace además necesario un mínimo de coherencia entre el discurso y la realidad. Quienes durante años nos han dicho que teníamos que apretarnos el cinturón para salir de la crisis no dejaron de subirse los salarios y de facilitarles, aún más, a las grandes empresas un aumento de sus beneficios particulares. La austeridad era necesaria, pero en gastos suntuosos y superfluos, en sus corruptelas y otros derroches.  

No hay manera de luchar por los derechos de las mayorías sociales sin vivir su realidad. Si no, corremos el peligro de convertirnos en algo que no somos. Los derechos de las clases populares solo los defienden las clases populares. Solo el pueblo salva al pueblo. No es demagogia, como apuntan algunos, sino advertir que alejarnos de la vida real de la gente nos distancia de nuestros objetivos iniciales. Es evidente que luchamos por salarios dignos, pero ¿dónde están los límites de la dignidad cuando se trata de sueldos, gastos de representación y privilegios?

No es más que una medida abierta a debate. Ya lo apuntaba Lenin en El Estado y la Revolución, a partir de la lectura de Marx de lo ocurrido en la Comuna de París. Se esperaba que la experiencia del movimiento de masas diera respuestas sobre las tareas concretas que habría de asumir la organización con el objetivo de coordinarse para conquistar una democracia más completa y consecuente. La limitación de salarios podría ser una de esas respuestas. 

Luego, ¿a qué dedicar los excedentes de esa limitación? 

Una forma de manifestar el compromiso social de la organización es a través del apoyo a proyectos sociales. La transformación social necesita de mucha gente organizada en muchos espacios distintos construyendo el mundo nuevo. Por eso, parte del excedente se dedica a financiar el proyecto Impulsa. Desde ahí se han podido impulsar iniciativas locales y de movimientos sociales, como por ejemplo, de agricultura ecológica y promoción del cooperativismo en Santa Maria o de fomento de energías 100% renovables en Eivissa y Formentera. 

Durante los primeros meses lxs eurodiputadxs de Podemos decidieron individualmente a qué entidades hacer sus donaciones. Reconocimos que esto conllevaba un riesgo: la creación de pequeñas redes clientelares como consecuencia de que la decisión recayera sobre los cargos públicos a nivel individual. El proyecto Impulsa nace de ahí, para convertir esta decisión en un proceso colectivo y organizativo, lejos de la caridad y más cercano a un mecanismo de apoyo económico y solidario a entidades independientes.

Una última cuestión también capital tiene que ver con la financiación de la organización y su independencia política. Podemos sigue siendo el único partido que no recibe ni un solo euro de los bancos. Y eso no es baladí. El apoyo económico de la gente y ahora de los cargos públicos permite una total autonomía política: la única garantía de que nuestra acción política responda al compromiso que tenemos con las mayorías sociales.

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